El
pasado 26 de junio se aprobó la
Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas
(en lo sucesivo LRRRU) que contiene una
serie de medidas con relevancia en la configuración del deber de conservación
o, más bien, como dice la propia Exposición
de Motivos, se completa su regulación. De este modo se
pretende generar un marco normativo que permita favorecer y dar
cobertura, con carácter general, a actuaciones urbanizadoras y, sobre todo,
edificatorias, que incidan sobre los ámbitos urbanos de nuestras ciudades y, en
particular, sobre el parque edificado preexistente.